Martinez Camino y la Ley

Unos minutos para observar al sujeto. Vale la pena.

La conferencia episcopal española tiene un portavoz que, de vez en cuando y con bastante asiduidad, establece rangos, jerarquías y categorías con respecto al ordenamiento jurídico español que resultan bastante sorprendentes y, desde mi punto de vista, claramente ajenas a los principios constitucionales con los que hemos decidido ordenar nuestra convivencia.

Martínez Camino asegura, no una, sino muchas veces, que nadie está obligado a obedecer las leyes cuando estas son injustas, pero para conocer la justicia o injusticia de las mismas no nos remite a un tribunal determinado entre los muchos disponibles para emitir sentencias y resoluciones, no: nos remite a lo que la Conferencia Episcopal dice al respecto de tal o cual medida, Ley o votación.

Este obispo, ordenado como tal en virtud de una excepción a la norma jesuítica de no poder ejercer cargo alguno en la jerarquía, es un personaje que me resulta especialmente siniestro, melifluo, sórdido y sibilino en todas y cada una de sus manifestaciones plenas de cinismo; alguien capaz de decir lo contrario de lo que acaba de decir pretendiendo que creamos que somos tontos y que no hemos entendido bien. Es un personaje que aceptaría, hoy, la separación con el famoso “brazo secular” asegurando que la Iglesia no ejecuta a nadie, que es el poder civil el que se encarga de ello.

El video que encabeza la entrada, elegido por su naturaleza “neutra” dentro de la beligerancia del personaje, nos muestra mucho de si mismo: lo que le gusta, lo que realmente le motiva, es hacer las cosas por encima de la crítica. Lo natural, lo sano, es colocar a la Iglesia al margen de todo lo que no sea su negocio: económico y espiritual.

Pues bien, velando por el negocio espiritual de la sociedad civil en la que se inserta la Iglesia, le digo a este personaje que no, que ni de coña, que bajo ningún concepto puede, ni la conferencia episcopal ni nadie, validar conductas ajenas o contrarias al ordenamiento jurídico normal, ese que todos hemos aceptado como bueno sin ninguna imposición, obligatoriedad o jerarquía. Nosotros, los ciudadanos todos, legislamos y acordamos lo que es justo, lo que es legal y lo que es ilegal, lo que debemos obedecer y acatar y lo que no.

Vds. no pueden, ni deben, eximir a nadie del cumplimiento de las leyes, las consideren buenas, malas o mediopensionistas. Para determinar si una ley se ajusta al ordenamiento jurídico legal, están los tribunales, no los jesuitas ambiciosos que añoran la hoguera y el índice de libros prohibidos. Lo que diga la Iglesia es válido, exclusivamente, en el seno de la Iglesia, que en la calle manda la ley y todos nos beneficiamos de eso. Gracias a esas leyes, los abusos de los miembros de la iglesia son juzgados y condenados por delitos que la jerarquía eclesiástica ha ocultado y negado sistemáticamente. Nadie por encima de la Ley.

Hasta ahí podríamos llegar.