Internet está dinamitando límites que nunca debieron rebasarse y que la legalidad, la normal, la que rige el día a día de nuestras acciones, delimita muy claramente. Los gobiernos, de la misma manera que no pueden entrar en las oficinas de correos y abrir millones de cartas, no deben apoderarse de los servidores de las compañías de telecomunicaciones y entrar a saco en las bases de datos de clientes o abrir sus correos electrónicos, soporte de comunicación que comparte, con el ejemplo anterior, el carácter sagrado de “correo”.
Unos y otros usuarios y administraciones justifican el filibusterismo de sus acciones achacando a la red no se qué mágico componente que todo lo avala. Los usuarios suponen que descargarse ficheros sujetos a propiedad violando todo derecho intelectual no es nada “malo” y las administraciones se pegan un homenaje de spionaje al grito de “todo vale” añadido a la coletilla de seguridad nacional.
Ni unos ni otros tienen derecho o razón y todavía más grave el hecho de que las administraciones puedan colocarnos en al lista de “sujetos a vigilar” en función de oscuras clasificaciones que nadie controla. ¿Soy yo, por el hecho de escribir este blog, un “terrorista potencial”? Todas las legislaciones democráticas salvaguardan los derechos individuales con independencia de lo sencillo que pueda resultar violarlos. Hoy por hoy, un pinchazo telefónico es cosa de andar por casa y, sin embargo, tal medida sin la correspondiente orden judicial, anularía cualquier proceso y mandaría al trullo a quien tal delito cometiera. y así debe ser, de manera que debemos seguir exigiendo que no se pasen barreras yq eu, en caso de duda, se favorezca el derecho de los ciudadanos a su privacidad, intimidad e inviolabilidad de sus comunicaciones privadas realizadas al amparo de una empresa de servicios tecnológicos. Y las empresas, que defiendan a sus clientes y usuarios por encima de cualquier otra cosa.
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